¿Qué pasa si una máquina empieza a hacer en segundos tareas por las que hoy alguien cobra un sueldo? La pregunta ya no suena a ciencia ficción. Empieza a parecerse más a una factura que llega a casa y obliga a mirar cuánto margen queda.

Ese es el punto que puso sobre la mesa Dario Amodei, CEO de Anthropic. En un ensayo reciente, propone que el Estado garantice ingresos a las personas que pierdan su empleo por la inteligencia artificial y plantea una renta básica universal financiada con impuestos a las grandes tecnológicas o con un aumento del tributo sobre las plusvalías.

El hallazgo político no está solo en la idea, sino en su origen. La pieza clave es que el pedido llega desde una de las empresas que construyen esta tecnología. Amodei no se presenta como alarmista: señala que busca dar tiempo de adaptación a gobiernos y compañías ante un mecanismo que ya está moviendo el mercado laboral.

De hecho, el impacto no se describe como una amenaza lejana. Empresas como Lufthansa, ING o IBM ya redujeron miles de puestos y atribuyeron parte de esos recortes a la automatización. Mientras tanto, la tasa de paro en Estados Unidos se ubicaba en 4,3% la semana anterior, un dato que funciona como referencia para medir cualquier cambio brusco.

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Amodei plantea tres escenarios de destrucción de empleo: 5%, 10% y uno “sin precedentes”. En los dos primeros, el sistema podría absorber parte del golpe con ajustes y nuevas oportunidades. Pero en el escenario extremo, advierte sobre un territorio económico novedoso, donde la respuesta tendría que ser permanente y no apenas un parche.

Dinero para estudiar el impacto y preparar una salida

Anthropic acompañó esa idea con recursos concretos. Destinó 200 millones de dólares al Economic Futures Research Fund, un fondo de investigación para estudiar cómo afecta la IA al empleo. Además, sumó otros 150 millones de dólares para un programa nacional de becas dirigido a profesionales que recién empiezan su carrera.

Ahí aparece otra clave. La empresa no solo habla de compensar a quienes pierdan un puesto, sino también de reforzar la entrada al mercado laboral. Es como cambiar una caldera vieja: hace falta proteger a quien se queda sin calor, pero también enseñar a usar el nuevo sistema.

El debate ya se mueve en más de una central. OpenAI planteó objetivos parecidos sobre el reparto de los beneficios de la inteligencia artificial, y Sam Altman discutió con Bernie Sanders la idea de un fondo de riqueza pública. Elon Musk también viene defendiendo desde hace años alguna forma de redistribución ante la automatización.

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Amodei subraya que no busca sembrar miedo, sino crear margen de adaptación.

Además, la discusión no se limita al dinero. El gobierno de Estados Unidos ya firmó una orden ejecutiva para examinar riesgos de seguridad de modelos avanzados de IA hasta un mes antes de su lanzamiento. Y Anthropic fue más lejos: propone que el Estado pueda bloquear modelos que impliquen daños catastróficos.

Ese detalle importa porque revela el otro cableado del asunto: confianza. Si la tecnología va a reemplazar funciones humanas y además concentrar ganancias, la sociedad pedirá dos garantías básicas. Una, que el beneficio se distribuya. Otra, que el sistema esté bajo control.

Por eso la novedad no es solo económica. Es cultural. Los arquitectos de esta nueva maquinaria ya empezaron a admitir que, si el motor acelera demasiado, hará falta abrir la caja de fusibles para que nadie quede afuera del circuito.

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