El Gobierno Argentino Busca Regular la IA, Pero una Mala Ley Podría Costarle Caro

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados se prepara para debatir un marco de regulación de la IA en Argentina. El proyecto unificado, impulsado por el diputado Daniel Gollán, crea la Agencia de Gestión del Conocimiento con amplias facultades para clasificar, auditar, certificar y sancionar sistemas. Un debate que se centra en revisar si ese alcance favorece o frena la adopción.

La inteligencia artificial acelera desde la llegada de modelos generativos como ChatGPT, y los países compiten por talento y capital. La regulación de la IA ya no es una discusión técnica, es una decisión económica que define quién crea valor y dónde. La tecnología cruza fronteras con facilidad y el valor se traslada rápido entre mercados.

En 2024, Estados Unidos concentró 109.100 millones de dólares de inversión privada en IA, casi 12 veces China y 24 veces Reino Unido, según Stanford AI Index 2025. La IA generativa sumó 33.900 millones, un 18,7% más que en 2023. Para el día a día, esto ya se nota: el 75% de los directivos la prioriza y el 78% de las organizaciones la usa en alguna función.

Mientras, los gobiernos mueven ficha. El Global AI Legislation Tracker recoge leyes, normas y guías en marcha, con una tendencia clara a evitar sobrerregulación. Las menciones legislativas crecieron un 21,3% en 75 países desde 2023 y multiplican por nueve las de 2016, según Stanford. La regulación de la IA avanza, pero con cautela para no asfixiar la innovación.

Para Argentina, el contexto es sensible: mucho talento reconocido fuera, pocas empresas por cada mil habitantes y una de las cargas fiscales empresariales más altas del mundo. Tú necesitas empleo de calidad y reglas claras para crecer. La IA puede ayudar a revertir déficits estructurales, siempre que el marco acompañe el desarrollo y no lo encarezca sin sentido.

Cómo la regulación de la IA puede impactar a pymes y startups en Argentina en 2025

El texto crea una AGC con poder de reclasificar y suspender sistemas, supervisar y auditar, exigir certificaciones y aplicar sanciones, con la carga probatoria en las empresas. Esto implica auditorías, requisitos de explicabilidad y certificaciones que suben los costes de cumplimiento. Si eres pyme o startup, vas a notar el peso de ese “compliance” antes de vender tu primer contrato.

Además, las grandes empresas deberían aportar el 5% del Impuesto a las Ganancias y pagar aranceles por registro y certificación de sistemas de alto riesgo, con ingresos extra por servicios y auditorías. En la práctica, es más presión fiscal y administrativa en un país ya caro para emprender. Puedes mitigar el impacto si el reglamento introduce exenciones por tamaño o fase.

La definición de “sistema de IA” propuesta es amplia: abarca cualquier sistema que infiera resultados a partir de datos, con objetivos explícitos o implícitos. Esa redacción puede incluir software contable, CRM, motores de recomendación y scoring crediticio tradicional. Bajo ese alcance, muchas soluciones que tú ya usas entrarían en el radar regulatorio y la adopción se frenaría por puro coste.

El impulso de una regulación de la IA es positivo, pero faltan voces. Empresas y empleados hoy aparecen desdibujados en el debate; sin ellos, el texto corre el riesgo de ser unilateral. Vamos a ver si la Comisión abre la puerta a consultas técnicas, pruebas controladas y un enfoque por riesgo que diferencie usos críticos de herramientas comunes de oficina.

En definitiva, una regulación de la IA bien diseñada puede abrir empleo de calidad y captar inversión, y una mala puede cerrar otra oportunidad histórica. Argentina tiene talento y urgencia; ahora necesita reglas que acompañen. Si el debate incorpora a empresas y trabajadores y corrige definiciones y costes, tú vas a poder innovar, crecer y competir desde aquí sin pedir permiso afuera.