El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció el 8 de septiembre en Tampa una propuesta para imponer sanciones penales a compañías de inteligencia artificial cuyos chatbots participen, faciliten o contribuyan a actividades delictivas. La iniciativa apunta especialmente a OpenAI y a ChatGPT.
El hallazgo político detrás de la medida es claro: un chatbot no puede sentarse ante un tribunal, pero la empresa que lo diseñó, entrenó y comercializó sí podría responder. Uthmeier plantea multas considerables, pagos directos a víctimas, supervisión judicial e incluso la suspensión de operaciones en Florida.
La propuesta surgió tras una investigación criminal abierta en abril de 2026 sobre OpenAI y conversaciones vinculadas por la Fiscalía al tiroteo de la Universidad Estatal de Florida, ocurrido el 17 de abril de 2025. Allí murieron Robert Morales y Tiru Chabba, mientras otras seis personas resultaron heridas.
Según la fiscalía, Phoenix Ikner, presunto autor del ataque, habría consultado a ChatGPT sobre armas, munición, horarios y zonas con mayor afluencia en el campus. Estas acusaciones forman parte de líneas de investigación y no han sido probadas judicialmente.
También te puede interesar:Hay un ‘Prompt’ que Mejora Cómo Responde la IA: el Secreto Está en Decirle qué Relación Debe Tener ContigoEl chatbot como una pieza del engranaje
La discusión se parece a la de un coche con fallas en sus frenos. Si alguien usa un vehículo para cometer un delito, el fabricante no se vuelve automáticamente responsable. Pero si el fabricante sabía que el mecanismo de seguridad fallaba, podía corregirlo y aun así lo vendió, la pregunta cambia.
Florida busca determinar si las empresas de IA dejaron abierto un “interruptor” de seguridad que estaba bajo su control. Ese cableado incluye el diseño, el entrenamiento, la implementación y las configuraciones de protección de los sistemas disponibles en el estado.
En otras palabras, la futura ley no miraría solo la respuesta que aparece en la pantalla. Examinaría quién construyó la máquina, qué barreras instaló, qué alertas recibió y si obtuvo beneficios mientras el sistema seguía funcionando.
La investigación también se amplió al asesinato, en abril de 2026, de los estudiantes de doctorado Zamil Limon y Nahida Bristy, de la Universidad del Sur de Florida. Hisham Abugharbieh, detenido y acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, habría realizado consultas a ChatGPT antes de los homicidios, según registros judiciales.
También te puede interesar:Hay un ‘Prompt’ que Mejora Cómo Responde la IA: el Secreto Está en Decirle qué Relación Debe Tener ContigoAdemás, Florida presentó el 1 de junio de 2026 una demanda civil contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman. La causa acusa a la empresa de presentar ChatGPT como un producto seguro mientras ignoraba alertas internas. Uthmeier adelantó nuevas citaciones dentro de siete a diez días.
El alcance puede ir más allá de un solo chatbot. La norma proyectada incluiría a cualquier plataforma con control práctico sobre una IA, incluso redes sociales que integren asistentes conversacionales.
La otra cara: fraudes y pruebas digitales
Mark Glass, comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, señaló que sus agentes ya enfrentan delitos facilitados por IA: malware, programas maliciosos que dañan o infiltran equipos; voces clonadas para estafar a adultos mayores; cheques y documentos médicos falsificados.
También advirtió sobre el CSAM, material de abuso sexual infantil, generado con IA. Florida ya aprobó la HB 1159, que convirtió su producción en un delito grave de segundo grado.
La preocupación alcanza a las pruebas. Melissa Sims, enfermera legal y defensora de derechos digitales, relató que fue detenida en 2025 a partir de una captura de pantalla que nunca fue contrastada con el teléfono original. Su caso fue desestimado ocho meses después.
“Ver ya no es creer”, alertó Sims al reclamar formación para policías, fiscales y jueces.
La propuesta todavía no tiene texto legislativo y, salvo una sesión extraordinaria convocada por Ron DeSantis, no se debatirá hasta marzo. La pieza clave será definir cuándo una IA realmente “participa” en un delito, sin afectar la privacidad ni la libertad de expresión.
La oportunidad, para Florida, es construir reglas antes de que una respuesta digital termine siendo un riesgo fuera de la pantalla.
Directora de operaciones en GptZone. IT, especializada en inteligencia artificial. Me apasiona el desarrollo de soluciones tecnológicas y disfruto compartiendo mi conocimiento a través de contenido educativo. Desde GptZone, mi enfoque está en ayudar a empresas y profesionales a integrar la IA en sus procesos de forma accesible y práctica, siempre buscando simplificar lo complejo para que cualquiera pueda aprovechar el potencial de la tecnología.
