Nos prometieron que la revolución de la inteligencia artificial se pagaría sola, pero la realidad eléctrica acaba de darnos un bofetón. La Casa Blanca y los gigantes de Silicon Valley aseguraron que el desorbitado consumo de sus nuevos juguetes no afectaría a nuestros bolsillos. Mentían. Los ciudadanos de Maryland acaban de descubrir que su factura de la luz va a subir para financiar la infraestructura que exigen las grandes tecnológicas. Una factura que pagaremos todos.

Y es que el apetito energético de modelos como ChatGPT o Claude no tiene precedentes. Para que tú puedas generar un texto o una imagen en segundos, corporaciones como Google, Microsoft, Meta o Amazon necesitan levantar inmensos centros de datos operando sin descanso. El problema no es que los construyan, sino quién va a costear la titánica adaptación de la red eléctrica para soportarlos.

La factura oculta de 22.000 millones: el aviso de Maryland

Si miramos los números, la situación asusta bastante. El coste total del macroproyecto para expandir la red eléctrica regional se ha estimado en unos colosales 22.000 millones de dólares. Lo sangrante es que la inmensa mayoría de la demanda que fuerza estas inversiones ni siquiera se genera dentro de Maryland. Sin embargo, los consumidores locales se comerán el sobrecoste.

En concreto, el agujero económico que asumirán directamente los usuarios de Maryland asciende a unos 2.000 millones de dólares. Esta cifra se distribuirá a lo largo de varias décadas mediante recargos en los recibos. Se calcula que, en solo 10 años aplicando este impuesto encubierto, ya se habrán recaudado unos 1.600 millones. Un negocio redondo para las operadoras.

La factura oculta de 22.000 millones: el aviso de Maryland

La Oficina del Defensor del Pueblo de Maryland (OPC) no se ha callado y ya denunció el caso públicamente, señalando un reparto abusivo. Del total del sobrecoste, 823 millones recaerán sobre los clientes residenciales. A pie de calle, esto se traduce en un peaje de 345 dólares extra por cada hogar. Así de simple.

A ello se le suma el impacto en el tejido empresarial local. Los clientes comerciales tendrán que asumir 146 millones de dólares, lo que supone unos 673 dólares de media por negocio. Por su parte, la industria se llevará el peor golpe directo, soportando 629 millones en total, es decir, más de 15.000 dólares por cliente industrial.

Básicamente, la OPC argumenta que estos costes asignados no guardan ninguna relación razonable con el crecimiento real de la demanda eléctrica dentro del estado. Los ciudadanos están financiando cables y transformadores gigantescos que no necesitan, solo para que los servidores de IA no se queden sin energía en estados vecinos.

El monstruo de los 30 GW y las promesas rotas

Pero claro, Maryland es solo la punta del iceberg en esta crisis energética. PJM Interconnection, el operador regional de la red eléctrica, tiene previsiones escalofriantes. Calculan un brutal aumento de la demanda eléctrica de 32 gigavatios (GW) para 2030. La sorpresa llega cuando aclaran que 30 de esos 32 GW procederán en exclusiva de nuevos centros de datos. Una auténtica locura.

Evidentemente, esta presión ya ha disparado los precios de capacidad en el mercado eléctrico de PJM. Y otros estados lo sufren con más dureza. Virginia, Ohio, Pennsylvania e Illinois presentan un crecimiento de infraestructura mucho mayor que el de Maryland. En Virginia, el consumo energético de estos centros de datos ha reventado las gráficas con un aumento del 660% desde 2013.

El monstruo de los 30 GW y las promesas rotas

Si cruzamos el charco, la dinámica de repercutir enormes costes tecnológicos al ciudadano de a pie nos suena bastante. En la Unión Europea, decisiones estratégicas como la sustitución de equipos de red de Huawei y ZTE podrían costar entre 17.000 y 21.500 millones de euros. Y de nuevo, adivina quién terminará financiando ese movimiento geopolítico mes a mes. Exacto, nosotros.

El riesgo de una burbuja financiada por el ciudadano

Resulta irónico recordar los compromisos recientes. Grandes tecnológicas como xAI, Oracle o la propia OpenAI juraron hacerse cargo de los costes energéticos e infraestructurales de sus despliegues. Y aunque es cierto que algunos están buscando construir sus propias centrales eléctricas, la urgencia del momento dicta que están parasitando la red pública actual.

Por si fuera poco, la OPC alerta de un peligro todavía más grave a medio plazo. Existe un riesgo enorme de construir redes sobredimensionadas basándonos en unas previsiones de demanda de IA que podrían no cumplirse. Si el suflé tecnológico baja, el cemento y el cobre ya estarán pagados, y los consumidores cargarán con una red fantasma carísima de mantener.

La solución que proponen es de sentido común: que los costes de transmisión se facturen en la zona exacta donde se ubica el servidor, o directamente a la multinacional que lo opera. El despliegue de la IA es apasionante, pero no podemos tolerar que privaticen el beneficio mientras socializan la factura de la luz. Tarde o temprano la burbuja chocará contra la realidad física, y tocará ver si los reguladores se atreven a frenarle los pies a Silicon Valley.

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